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Actualidad

22/10/2026

El Gobierno tiene 90 días para legislar sobre seguridad y El Niño

Obras, financiamiento agrario y cumplimiento empresarial forman parte de la agenda habilitada por la Ley 32743. La delegación ya está vigente; el alcance de cada reforma dependerá de los decretos legislativos que se emitan.

Autor: CBO

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La delegación ya es ley


La Ley 32743, publicada el 22 de octubre de 2026 en edición extraordinaria de El Peruano, otorga al Poder Ejecutivo facultades para legislar mediante decretos legislativos en seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño. El texto comprende 27 materias: 12 de seguridad y 15 vinculadas a El Niño. Fuente: ley publicada.


La delegación tiene un plazo de 90 días calendario desde la entrada en vigor de la ley. Como no se establece una vigencia diferida, rige desde el 23 de octubre, conforme a la regla del artículo 109 de la Constitución.

La autorización para legislar ya está vigente. Sin embargo, no significa que todos los beneficios, procedimientos o nuevas obligaciones comprendidos en la agenda estén operativos. Para determinar sus efectos concretos será necesario revisar los decretos que desarrollen cada materia y sus fechas de aplicación.


Infraestructura y Servicios por Impuestos


Uno de los puntos de mayor interés empresarial es la modificación prevista de la Ley 29230. La autógrafa contempla ampliar Servicios por Impuestos a la gestión del riesgo de desastres y a infraestructura de defensa civil estratégica ante fenómenos climáticos adversos.


También incluye ampliar Obras por Impuestos a la construcción de viviendas rurales para población damnificada por desastres naturales declarados en emergencia, establecer un procedimiento simplificado para inversiones de emergencia de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición —IOARR— y regular la participación concertada del Gobierno nacional en intervenciones de competencia regional, local y de universidades públicas.


Para una empresa interesada en participar, el punto práctico será comprobar qué actividades, procedimientos y condiciones establezcan las futuras normas. La autógrafa delimita materias para legislar; no aprueba por sí sola proyectos ni adjudicaciones.


Permisos, predios y ejecución de proyectos


En infraestructura, el texto contempla simplificar autorizaciones y otros trámites de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus complementarios. Esa simplificación debe identificar expresamente los procedimientos alcanzados y preservar las obligaciones ambientales, de seguridad y de protección del patrimonio cultural.


También prevé cambios sobre adquisición y saneamiento de predios, bienes estatales y liberación de interferencias. Este último punto incluye una habilitación para regular la exoneración de autorizaciones municipales para trabajos de liberación, con los límites constitucionales y de consulta previa aplicables.


En asociaciones público-privadas, se contempla permitir acuerdos para que el inversionista asuma actividades relacionadas con estudios técnicos y liberación de interferencias, manteniendo la supervisión y responsabilidad final de la entidad pública competente.


Financiamiento agrario y cumplimiento empresarial


La agenda agraria incluye crear el régimen jurídico del certificado de cosecha electrónico como título valor, vinculado con la modernización de certificados de depósito y warrants y su articulación con el sistema de garantías mobiliarias. La finalidad planteada es facilitar el acceso a créditos, garantías, seguros y otros instrumentos financieros.


Para productores y financiadores, será importante conocer cómo se definan la emisión, el registro, la negociación y la ejecución de esos instrumentos. La habilitación legislativa no equivale a una aprobación automática de crédito.


En seguridad ciudadana, hay una materia directamente relevante para las empresas: modificar la Ley 30424 para adecuar y ampliar el ámbito de responsabilidad de las personas jurídicas en delitos vinculados con criminalidad organizada y mercados ilícitos, y fortalecer prevención, control y debida diligencia. El texto exige diferenciar la intervención empresarial en actividades criminales de los incumplimientos administrativos.


Seguridad y ayuda humanitaria: dos frentes distintos


El bloque migratorio autoriza modificar los decretos legislativos 1350 y 1130, y la Ley 32421, sobre migración y nacionalidad. Por separado, la modificación de los decretos 1182, 1338 y 1688 se vincula con identificación y geolocalización de equipos, control de líneas y comunicaciones ilícitas, preservando las garantías constitucionales.


Frente a El Niño, se habilita legislar para que Indeci pueda entregar ayuda humanitaria de forma directa y excepcional durante los primeros 15 días calendario desde una emergencia o desastre, priorizando a la población vulnerable. Es un plazo distinto de los 90 días de delegación.


Las medidas siguen sujetas a derechos fundamentales, autonomías institucionales, presupuestos aprobados y al Sistema Nacional de Control. Los sectores deberán informar al Senado sobre su implementación dentro de los 60 días calendario desde la publicación de los decretos legislativos correspondientes.


Qué conviene vigilar


Con la ley ya publicada, el seguimiento se desplaza hacia los decretos legislativos. En infraestructura, importarán los procedimientos y proyectos alcanzados; en el agro, las reglas de los nuevos instrumentos; y en cumplimiento, las modificaciones concretas a la Ley 30424. La referencia práctica será identificar en cada decreto qué cambia, a quién alcanza y desde cuándo se aplica, antes de incorporar sus efectos a decisiones de inversión o gestión.


Fuentes documentales: Ley 32743, artículos 1 y 2 y disposiciones complementarias finales; artículo 109 de la Constitución. Actualización: 23 de octubre de 2026.


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